Fallo histórico: obligan a policías a
capacitarse contra el racismo
24 de Octubre de 2020
Lorena Oliva
LA NACION
El militante afrodescendiente José Delfín Acosta Martínez, víctima de violencia
policial en 1996
frodescendiente José Delfín Acosta Martínez, víctima de violencia policial en 1996
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El militante afrouruguayo Ángel Acosta Martínez recuerda que, en 1982, decidió
traerse a vivir a su hermano a la Argentina para terminar con la persecución y las
constantes golpizas que el joven recibía en Uruguay por motivos raciales. Por una
ironía del destino, José Delfín Acosta Martínez murió en nuestro país en 1996, a los
32 años, víctima de violencia policial impulsada por el racismo. Un fallo
reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó, 24 años más
tarde, que “los agentes de policía actuaron movidos más por un perfil racial, que por
una verdadera sospecha de comisión de un ilícito”.
Meses antes de la sentencia, dada a conocer el 14 de este mes, el Estado argentino
reconoció la responsabilidad local en la violación de los derechos humanos contra
Acosta Martínez, luego de haberla negado durante más de una década. Se trata de la
primera resolución en América latina en la que el organismo internacional considera
que el origen étnico de una persona fue determinante para que se efectuara
su arresto arbitrario y discriminatorio.
La sentencia reconoce la existencia del racismo estructural en nuestro país y,
entre las medidas de reparación, obliga al Estado a elaborar un registro de
detenciones por causas arbitrarias y discriminatorias. También establece que se debe
capacitar a las fuerzas de seguridad sobre el carácter discriminatorio que tienen los
estereotipos de raza, color, nacionalidad u origen étnico, así como la sensibilización
sobre el impacto negativo que la utilización de perfiles raciales tiene sobre las
personas afrodescendientes.
“Hay quienes me dicen ‘hiciste justicia’, pero yo no lo veo así. Se hará justicia cuando
estén en la cárcel los asesinos, pero también los cómplices y los encubridores del
crimen de mi hermano”, explica Acosta Martínez a LA NACION.
Crimen y encubrimiento
Durante el proceso –llevado primero ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y luego remitido a la Corte del organismo internacional– quedó
demostrado que, en la madrugada del 5 de abril de 1996, José Delfín Acosta Martínez
se encontraba en la entrada del boliche Maluco Beleza, ubicado en el Centro porteño.
Allí fue detenido junto a otros ciudadanos afrodescendientes por policías que
llegaron al lugar. Los detenidos fueron conducidos a la comisaría 5ta. en donde,
según la versión policial, el hombre de 32 años se habría arrancado la ropa y
comenzado a golpearse contra las paredes y una mesa sin que los efectivos pudieran
controlarlo, y que murió camino al hospital Ramos Mejía.
“Cuando fui a reconocer el cuerpo, le vi golpes por todos lados. Algunos parecían
marcas de bastonazos. Cuando me entregaron sus ropas, la camisa estaba limpia,
sin restos de transpiración, y José era de transpirar mucho. Además, me decían que
se había arrancado la ropa, y la camisa tenía todos los botones. Estaba lavada. El
pantalón tenía marcas de zapatos, en ese momento no lo entendí, pero después caí en
la cuenta que eran producto de las patadas que le propinaron. Me dieron sus
cadenitas en perfecto estado, pero nunca me entregaron las llaves de la casa”,
recuerda Ángel Acosta Martínez.
MALTRATOS Y CHISTES. LAS ACTITUDES COTIDIANAS CONTRA LOS
AFROARGENTINOS
La abogada de la familia, Myriam Carsen, denuncia que la Justicia local se negó a
investigar y a los veinte días cerró la causa. “En el juzgado N° 10 tomaron la versión
policial llena de inconsistencias como cierta. El juez la aceptó y rechazó los planteos
de la querella. Es un caso en el que se llegaron a fraguar, incluso, los resultados de la
autopsia. El comisario salió en conferencia de prensa a hablar de sobredosis de
drogas y alcohol cuando todavía no estaban los resultados de las pericias
toxicológicas. Cuando la familia traslada el cuerpo a Uruguay para que se le realizara
una nueva autopsia, allí figura la existencia de golpes que el Cuerpo Médico no había
visto”, explica Carsen, hija de Octavio Carsen, el abogado que llevó adelante la causa
casi desde sus inicios, recientemente fallecido.
Acosta Martínez recuerda que, tras la muerte de su hermano, comenzaron las
amenazas y el hostigamiento tanto hacia su familia como hacia algunos testigos.
“Me atropellaron dos veces, me amenazaron de diferentes maneras. Todo eran palos
en la rueda. Me costó seis meses lograr llevar el cuerpo a Uruguay para la nueva
autopsia. Pero el cuerpo estaba sin órganos. Sin embargo, los médicos de allá
consideraron inverosímil la cantidad de alcohol y drogas que supuestamente mi
hermano había ingerido. Si hubiera tenido tal cantidad, hubiera llegado a la
comisaría en coma”, explica el hombre, un reconocido militante afrodescendiente,
quien agrega que su hermano ni siquiera tomaba alcohol porque estaba bajo
tratamiento médico.
Tiempos felices para Angel (izq) y José (centro): tocando los tambores de
candombe en el Parque Lezama
Después de años idas y vueltas judiciales a fines de los noventa, los Acosta Martínez
–una de las familias afrodescendientes más antiguas de Uruguay, reconocida por la
preservación y difusión del candombe como forma de vida– llevaron el caso de José
Delfín ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano en el año 2000.
“Durante todo el tiempo que duró el litigio, el Estado argentino, representado por
funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y de Cancillería, negó
cualquier violación a los derechos humanos. De hecho, el año pasado, cuando
el caso llegó a la Corte, el Estado argentino volvió a ratificar su posición. Sin
embargo, en una audiencia celebrada en marzo de este año, los mismos organismos,
cambio de gobierno mediante, reconocieron la responsabilidad”, explica
Carsen.
Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos
Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos, confirma que el reconocimiento de
la responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos no era la
postura que el Estado había mantenido durante todos los años anteriores. La
funcionaria menciona diferentes razones para tan rotundo cambio de posición.
“El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019 reconoce como su columna
vertebral la defensa de los derechos. Cuando advertimos que hay violaciones de
derechos humanos, nuestro deber como abogados del estado es no litigar y reconocer
la responsabilidad. Pero además había un informe de 2015 muy categórico, de la
Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal, que había
concluido que en el caso se habían cometido violaciones a los derechos humanos. Se
había elaborado en el marco del litigio internacional y tenía hasta pericias que habían
determinado que el joven no se murió por sobredosis sino por golpes. No
podíamos seguir defendiendo lo indefendible”, menciona la funcionaria.
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Martinez Vs. Argentina y los derechos a la no discriminación de personas
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— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) October 17, 2020
Una problemática vigente
Pochak considera que quedó probado que la detención estaba basada en sesgos
raciales, absolutamente discriminatorios. Y aunque se trata de un hecho ocurrido
hace 24 años, cree que da en el centro de una problemática que sigue vigente
en el país. “Se trata de un caso paradigmático, sobre todo si ahora uno ve que hay
detenciones y violencia policial que se ensaña, por ejemplo, con la colectividad
senegalesa. En ese sentido, este fallo puede ayudar a las distintas autoridades del
Estado y el Estado es uno solo –nacional, provincial, local– a mejorar”, analiza
Pochak.
Por su parte, si bien Acosta Martínez celebra el fallo en lo que hace a la detención
ilegal de su hermano, siente que todavía hay mucho por decir sobre el posterior
encubrimiento. “Ante la Corte, la posición del Estado estuvo representada todos
estos años por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y de Cancillería
que, sistemáticamente, negaron cualquier delito. Incluso, a sabiendas de la existencia
del dictamen de la Procuraduría que decía lo contrario y que, por otra parte, a
nosotros nos ocultaron”, denuncia.
CÓMO OPERA EL RACISMO EN LA ARGENTINA
En este sentido, el fallo de la Corte IDH hace una observación al respecto: “No deja
de llamar la atención que ‘el Estado no haya hecho del conocimiento público, ni del
de la Comisión y ni siquiera de la familia’ el contenido del informe técnico realizado
por la Procuraduría Especializada contra la Violencia Interinstitucional”, puede
leerse en uno de sus pasajes.
En función del mencionado informe y del avance del caso en la Corte IDH, el año
último la causa judicial se reabrió en el mismo juzgado. “No tengo el poder para
pedir que se cambie de juzgado, pero que se tramite ahí no me da seguridad, me
afecta hasta emocionalmente que esté ahí. Y aparte ya sabemos que los jueces pasan,
pero los juzgados son como familias, que se cubren entre ellos”, afirma Acosta
Martínez.
Si bien hoy cuenta con el respaldo del fallo y el informe técnico de la Procuraduría, el
hombre se muestra escéptico ante los posibles alcances del juicio. “A mi hermano no
lo mataron por negro sino por defender los derechos de los negros. En el episodio
que da origen a su detención, la Policía estaba hostigando a un afrobrasileño y él se
involucró para defenderlo. Más de 20 años después, la vida de un negro o de un
originario siguen sin valer nada en la Argentina. Si hasta el mismo presidente
Fernández dice que los argentinos descienden de los barcos. El racismo está tan
instalado que no se dan cuenta”, analiza. Es por eso que Acosta Martínez sueña con
un instrumento legal que, a la manera de la Ley Micaela, sensibilice sobre el racismo
y la discriminación.
“Se podría llamar José Delfín”, concluye.
Lorena Oliva
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