Comunicado de
prensa 55/18
En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial, la CIDH y la Relatora Especial de la ONU sobre el racismo
instan a los Estados a adoptar medidas especiales y acciones
afirmativas hacia las personas afrodescendientes
21 de marzo
de 2018
Washington, D.C. - En el Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora
Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre formas
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas
conexas de intolerancia instan a los Estados a actuar sin dilación para
adoptar medidas legislativas, políticas y programáticas para
implementar políticas especiales y acciones afirmativas con el objetivo
de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades,
inclusión y progreso para las personas afrodescendientes. De forma
correlativa, los Estados deben adoptar pasos para recopilar información
adecuada y desagregada con una perspectiva étnico-racial, e
intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de las personas
afrodescendientes en lo pertinente a su salud, vivienda, educación y
trabajo.
De acuerdo con la información disponible, la población afrodescendiente
en las Américas está conformada por más de 150 millones de personas.
Esta cifra que equivale aproximadamente al 30% de la población total
del hemisferio. Sin embargo, las personas y las comunidades
afrodescendientes continúan enfrentando numerosos obstáculos para
acceder de forma debida a servicios públicos de calidad en materia de
salud, educación y justicia, así como para tener una participación
efectiva en el mercado laboral formal y acceder a un trabajo decente.
Los expertos destacan que el racismo institucional sigue arraigado en
órganos e instituciones estatales, lo que puede ser observado a partir
de prácticas discriminatorias y de racismo, por ejemplo, en los
sistemas de justicia nacionales. Ellos también reconocen el esfuerzo
que distintos países de la región han empleado para desarrollar marcos
normativos y políticas públicas destinadas al combate del racismo, la
discriminación y otras formas de intolerancia. Sin embargo, los
expertos subrayan en este día conmemorativo de hoy que las disparidades
raciales que persisten en la región están lejos del mínimo aceptable de
igualdad.
La Comisionada Margarette Macaulay, Presidenta de la CIDH y Relatora
sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la
Discriminación Racial, ha señalado que “la discriminación estructural y
racismo institucional que se verifica en los distintos países de las
Américas son resultado de siglos de esclavitud y discriminación que
solo serán revertidos por medio de acciones positivas y políticas
públicas efectivamente desiñadas para integrar las personas
afrodescendientes”.
Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre
formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y
formas conexas de intolerancia, la Sra. E. Tendayi Achiume, añadió que,
en el contexto alarmante actual, "la igualdad racial está siendo
atacada y es vital que los Estados, las organizaciones de la sociedad
civil, los movimientos sociales y activistas empleen renovada energía y
atención a los impulsores estructurales de la desigualdad racial,
incluyendo, tal como lo reconoce la Declaración de Durban". Destacó
que se debe prestar atención global a las condiciones estructurales,
económicas, políticas y legales que fomentan el racismo y la xenofobia
entre las poblaciones que perciben a los grupos históricamente
estigmatizados como amenazas.
Es legítimo y necesario que los Estados adopten medidas especiales y
acciones afirmativas para promover la igualdad de oportunidades y
avanzar en la integración de los afrodescendientes en los ámbitos de la
educación, la economía, el empleo y la política. Los Estados deben
revisar sus leyes y políticas para asegurar su conformidad con los
principios de la igualdad efectiva y el deber de no discriminación.
Ello implica el evaluar su posible impacto discriminatorio y su
potencial de generar discriminación indirecta.
Finalmente, la Comisión, junto a la Relatora Especial de la
Organización de las Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de
intolerancia, hace un llamado enérgico a los Estados de la región para
que adopten las medidas necesarias para ratificar la Convención
Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas
Conexas de Intolerancia, y otros tratados internacionales relevantes,
como muestra efectiva de un compromiso serio de combatir la discriminación
racial y toda forma de intolerancia en el hemisferio. La ratificación
universal de los instrumentos interamericanos, bien como de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, es un paso indispensable para el respeto y la
garantía de todos los derechos humanos, y la prevención y la
erradicación de la discriminación racial. Los expertos instaron a
los Estados y otros actores a permanecer vigilantes y redoblar sus
esfuerzos para abordar las manifestaciones estructurales de
discriminación racial y desigualdad, todo lo cual está prohibido por
las leyes internacionales de derechos humanos. "Permitir que los
afrodescendientes participen activamente en todos los niveles de toma
de decisiones es esencial para superar la discriminación estructural y
garantizar su lugar como actores clave en el desarrollo de los
países", concluyeron.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los
derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA
en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes
que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y
no representan sus países de origen o residencia.
Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los
Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Procedimientos especiales, el cuerpo más grande de expertos
independientes en el sistema de derechos humanos de las Naciones
Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de
determinación de hechos y monitoreo del Consejo que abordan situaciones
nacionales específicas o cuestiones temáticas en todas las partes
del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de
manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario
por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización
y sirven en su capacidad individual.
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